As in previous years, Panama's rate of economic growth in 2012 was the highest in Latin America. Panamanian government is led by political entrepreneurs who have managed to maintain and build on the momentum of the Panamanian economy, but who have not been capable of controlling the excesses of an exclusionary political system and of a weak rule of law. Economic inequality and political exclusion have stirred violent protests in 2012 that seem rather inexplicable in the light of the economic boom. This paper suggests that conflict and economic growth are closely related and that, contrary to the popular opinion, what harms Panamanian politics is the economy.

Igual que en años anteriores, la tasa de crecimiento económico de Panamá en 2012 fue la más alta de toda América Latina. El gobierno panameño está liderado por políticos empresarios que han sabido mantener y aprovechar el impulso que trae la economía panameña, pero que no han controlado los excesos que permiten un sistema político excluyente y un Estado de derecho frágil. La desigualdad económica y la exclusión política han provocado violentas movilizaciones que durante 2012 contrastaron con la bonanza económica y que a simple vista parecen inexplicables. En el texto aquí presentado se plantea que ambos fenómenos, conflictividad y crecimiento económico, están estrechamente relacionados y que, contrario al pensamiento popular, es la economía la que perjudica a la política panameña.

This article presents the historical aspects concerning the implementation in 1941 and the subsequent evolution of the protection of the constitutional guarantees as an institution of fundamental rights guaranteed in the Republic of Panama. In that sense it is discussed in detail the constitutional and legal provisions regulating the institution in the current Panamanian law, and the article concludes with the revision of the peculiarities of jurisprudential development of this safeguard, in particular the Supreme Court of Justice.

El presente artículo aborda los aspectos históricos relativos a la implantación en 1941 y la posterior evolución del amparo de garantías constitucionales como institución de garantía de los derechos fundamentales en la República de Panamá. En ese sentido, examina en detalle las disposiciones constitucionales y legales que regulan esa institución en el ordenamiento jurídico panameño actual, y concluye con la revisión de las peculiaridades del desarrollo jurisprudencial del amparo, en particular el de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.